Justicia denegada

Pilar Ramirez

La política en tacones 

Pilar Ramírez

A todas las calamidades que trajo el mes de septiembre hay que agregar el rechazo del Congreso de Veracruz a aprobar la ampliación de las causales y la temporalidad para la interrupción legal del embarazo.

Llegaron al congreso integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres así como organizaciones conservadoras de las mal llamadas provida, quienes festejaron ruidosamente el resultado de la votación.

Una vez más, los derechos de las mujeres fueron hechos a un lado. El cálculo político se inclinó por continuar penalizando la interrupción del embarazo. Quizá un cálculo de esa naturaleza no esté del todo equivocado, desde su perspectiva. Si se atiende al hecho de que la mayoría de la población mexicana profesa la religión católica, cuya institución ha rechazado tajantemente la aprobación de la interrupción legal del embarazo fundada en argumentos morales, y que la mayoría de los practicantes de esta religión acogen estos dictados de su iglesia, puede ser que consigan la aprobación de una buena parte de su feligresía.

El cálculo político radica en que los representantes religiosos elogiarán a quienes votaron “por proteger la vida desde la concepción”. Como de hecho sucedió en Xalapa, por ejemplo, en la homilía dominical siguiente a la votación, donde el arzobispo de la ciudad felicitó a los legisladores por su voto. Los políticos casi ven en ello un consejo de cómo votar en la próxima elección.

Y recalco que no son todos, porque son bien conocidas las organizaciones de mujeres católicas que, sin renunciar a sus creencias religiosas, han sido persistentes luchadoras por conseguir el derecho a interrumpir el embarazo, como el caso de Católicas por el derecho a decidir.

Que sean muchos los que desaprueban la interrupción del embarazo no les da la razón. Suponiendo que fuesen minorías las mujeres que exigen el derecho a decidir sobre su maternidad y sobre sus cuerpos, la tendencia, desde hace muchos años es legislar en consideración a las minorías. México tiene diez por ciento de población discapacitada y tiene todo el derecho a no ser discriminada y de que se legisle para preservar sus derechos.

En este debate no se trata de revisar si hay mayorías, sino de examinar si se legisló o no con justicia. Las mujeres que luchan por el ejercicio pleno de sus derechos han dicho de varias maneras que una legislación que proteja legalmente a las mujeres que desean interrumpir el embarazo no obligará, ni castigará a ninguna mujer que por cualquier motivo o creencia no desee hacerlo, como en

cambo sí castiga a quien pretenda decidir sobre su propio cuerpo o peor aún, castiga a quien no comparte la valoración moral que subyace en esa legislación.

En los años 50 y 60 en Estados Unidos era legal marginar a una persona por el color de su piel, pero eso no lo hacía justo. Era legal encarcelarlas por entrar a orar en iglesias reservadas a los blancos, por pretender ser atendidas en ciertos restaurantes, si ingresaban a un sanitario o tomaban agua de un bebedero que dijera “White”, cuando ellos sólo podía usar los que decían “Colored” o si se sentaban en los asientos delanteros de los autobuses, que estaban reservados para los blancos. Era una justicia pasada por el tamiz del racismo. Del mismo modo, ahora, cuando se criminaliza o se encarcela a una mujer que interrumpe el embarazo, se trata de una justicia que no sólo desconoce a las mujeres, sino que además castiga la pobreza.

Y castiga la pobreza porque se niega a reconocer la realidad. Porque lo que la ley actual no desea ver es que la interrupción del embarazo es un hecho. Por más penada que esté, se practica ilegalmente. Y que, a diferencia de lo que algunos piensan, no se recurre a ella por ocultación social, sino porque muchas mujeres no desean tener un hijo porque ya tienen varios y no cuentan con los recursos para sostener a uno más. Son las mujeres que se ven en la necesidad de utilizar métodos peligrosos para poner fin al embarazo.

Porque los métodos para interrumpir un embarazo están estratificados social y económicamente. Habrá mujeres que puedan viajar al extranjero para interrumpir su embarazo y las leyes que lo criminalizan en México no serán siquiera una piedra en el zapato. Otras recurrirán a los servicios de salud de la Ciudad de México. Habrá quienes puedan poner fin a su embarazo en la comodidad de un quirófano, en condiciones totalmente seguras y con apoyo médico de alta calidad incluso en sus propias ciudades, donde vale más la ley del dinero que las aprobadas por congresos que ignoran los derechos de las mujeres.

Las que irán a la cárcel serán aquellas que reporten los servicios públicos de salud porque llegan a los hospitales con secuelas de una interrupción del embarazo en condiciones riesgosas y antihigiénicas. Allí se impondrá la ley que castiga la pobreza. Así, el resultado concreto es que las castigarán por pobres no por haber interrumpido el embarazo.

¿Habrá quien piense que es casualidad que las mujeres que están en prisión por abortar sean indígenas o de muy escasos recursos? ¿Alguien ha sabido de que la esposa, la hija, la hermana o la prima de un político, un senador, un diputado, un secretario, un subsecretario, un director general o un director de área haya pisado una cárcel por interrumpir su embarazo?

Decía Martin Luther King, en su famosísima Carta desde la cárcel de Birmingham que “una ley injusta es una ley en conflicto con la ley moral”. ¿Y qué mayor inmoralidad puede haber en que una ley se aplique sólo a las mujeres pobres? ¿Qué mayor inmoralidad puede haber que en un país una conducta sea castigada

según el lugar donde se viva? Que mientras en la Ciudad de México las mujeres pueden hacer uso de servicios de salud seguros, en otras entidades, por ejemplo, Veracruz, corran el riesgo de ser criminalizadas por ejercer su derecho a decidir.

Cito de nuevo a Luther King: “Una ley injusta es una norma por la que un grupo numéricamente superior o más fuerte obliga a obedecer a una minoría pero sin que rija para él. Esto equivale a la legalización de la diferencia. (…) Una ley es injusta si es impuesta a una minoría que (…) no participó en la elaboración ni en la aprobación de la ley ”.

Los diputados federales y locales, especialmente los varones, que legislatura tras legislatura han votado en contra de que las mujeres ejerzan su derecho a decidir o han omitido presentar iniciativas en ese sentido, han legalizado la discriminación contra las mujeres.

Y de nuevo el legendario activista por los derechos civiles: “Una justicia demorada por demasiado tiempo es una justicia denegada”.

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