Justicia para Regina 

Filiberto Vargas Rodriguez

Punto de Vista 

Filiberto Vargas Rodríguez 

Prefacio. 

En muy complicadas circunstancias, en pleno debate jurídico sobre la validez de su nombramiento como “presidenta interina” del Poder Judicial del Estado, este jueves la magistrada Isabel Inés Romero Cruz presentó el Informe Anual de Actividades. *** Lo hizo de manera virtual y en el entendido de que ella apenas tiene en el cargo cuatro semanas, desde el 23 de octubre, cuando un grupo de magistrados “acordó” retirar de dicha posición a la magistrada Sofía Martínez Huerta. *** Ante a las limitaciones de tiempo, por su reciente llegada al cargo, la magistrada Romero Cruz se limitó a presentar una serie de cifras que ha arrojado la labor del Poder Judicial en el último año, y puso especial énfasis en el rezago que presentan, con el evidente fin de justificar la decisión de remover a su antecesora. *** Llama la atención, sin embargo, que quien hoy se ostenta como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia destaque la existencia de corrupción, nepotismo y omisión en las tareas de administración de justicia, conductas que –dijo- “no tienen cabida en la nueva etapa que vive el Poder Judicial”. *** No sé si vaya a durar mucho tiempo en esa posición la magistrada Isabel Inés Romero, pero yo sería el primero en aplaudirle (a ella o a quien lo consiga) si logra erradicar esos vicios del Poder Judicial. *** ¿Lo habrá dicho en serio, o sólo fue un discurso para “legitimarse”? 

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El cuerpo sin vida de Regina Martínez fue encontrado la tarde del sábado 28 de abril del 2012, luego de que una vecina reportara al número de emergencia que el domicilio se encontraba abierto desde temprana hora, sin que se registrara movimiento. 

Al llegar al sitio, elementos de Seguridad Pública encontraron su cuerpo tirado en el suelo del baño. Mostraba huellas de golpes contusos en el rostro y el cuerpo, así como señales de estrangulamiento. 

En el mes de octubre de ese mismo año, en el municipio de Colipa, fue capturado Jorge Antonio Hernández, alias “El Silva”, quien confesó haber llegado a la casa de la periodista junto con José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho” para robar y asesinarla. 

En abril del 2013, “El Silva” fue sentenciado a 38 años y 60 días de cárcel, además de una multa de 80 mil pesos como reparación del daño por su coparticipación en el homicidio y robo calificado contra de la periodista. 

Sin embargo, en agosto de ese mismo año, la séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revocó la sentencia, por considerar que se violaron las garantías de Jorge Antonio Hernández y se ordenó que fuera puesto en libertad. 

La familia de Regina Martínez se inconformó con este fallo, y en junio del 2014, el cuarto tribunal colegiado en materia penal con sede en Xalapa, ordenó que se dictara nueva sentencia por los delitos de homicidio y robo contra Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, por su responsabilidad como autor material del homicidio de Regina Martínez Pérez. 

En esta nueva resolución se estableció que no existía ninguna prueba que acreditara que el reo sufrió tortura para autoincriminarse; su detención fue legal, no se le vulneró el derecho fundamental de adecuada defensa, y su confesión no era inverosímil, acorde con las demás pruebas en su contra. 

En el mes de octubre de ese mismo año la Procuraduría de Justicia de Veracruz anunció la reaprehensión de “El Silva”, en el estado de Tlaxcala.  

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atendió el cuestionamiento de una reportera de la revista Proceso: 

– Gracias, presidente. Verónica Espinosa, de Proceso (…) En septiembre sostuvo que el compromiso de su gobierno es que se aclaren todos los homicidios de periodistas, pero hasta ahora más de 90% siguen impunes, como el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz (…) un caso emblemático es el de Regina Martínez. Hemos encontrado que las autoridades trataron de alterar la escena del crimen, que dejaron líneas sin investigar y datos de que Regina fue asesinada por su trabajo periodístico. ¿Puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? 

López Obrador dio respuesta puntual a ese cuestionamiento: 

– En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso. 

– ¿Es un compromiso, presidente? 

– Es un compromiso. Conocí a Regina, me acompañó en el Éxodo por la Democracia, cubrió todo nuestro andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz, en 1990, 91, como reportera de Proceso. Entonces la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, si vemos la forma legal de que se reabra el caso, si es que está archivado. Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. 

El caso, en efecto, no está cerrado, pues –entre otras razones- José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, señalado como copartícipe en los hechos, no ha sido capturado. 

Ojalá la voluntad del Presidente sea real, efectiva y que finalmente se haga justicia, no sólo en el caso de la compañera y amiga Regina Martínez, sino en todos los casos de comunicadores “silenciados”. 

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Epílogo. 

El 11 de febrero del presente año, la señora Luz María Landeros Becerra fue desalojada (mediante un aparatoso operativo policiaco) de la vivienda que había ocupado durante más de 70 años. *** “Doña Luchita”, como es conocida por sus vecinos, tiene en la actualidad 88 años de edad y a partir de un mandamiento judicial fue despojada de su único patrimonio. *** Desde ese momento un grupo de abogados se dio a la tarea de brindarle la protección que le escatimó el gobierno y en principio se hizo notar que la sentencia de desalojo fue emitida por un sujeto (Alejandro Rodríguez Mejía) que se ostentaba como juez a pesar de no cumplir con los requisitos que la Ley establece para ello. De hecho, a partir de dicho señalamiento, esta persona fue retirada del cargo y se le inició una carpeta de investigación por el delito de usurpación de funciones. *** Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado desdeñó el reclamo de los abogados, por lo que se tuvo que recurrir al amparo. *** Esta semana el Juzgado Décimo Octavo de Distrito le concedió el amparo a Doña Luchita y ordenó al Consejo de la Judicatura que fundamente y motive la decisión de exonerar al juez Alejandro Rodríguez. *** La decisión deja de manifiesto el irregular comportamiento del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz y, en especial, de la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Esmeralda Ixtla Domínguez, quien optó por proteger al irregular juzgador, aun a costa del derecho a la justicia de una anciana que fue arrojada a la calle. *** Hoy son otros los que integran el Consejo de la Judicatura y otra debe ser la resolución, para otorgarle justicia a los más vulnerables. *** Ya el propio doctor Hugo López-Gatell había advertido que si llegábamos en México a 60 mil fallecimientos por Covid-19, esto se podría considerar “una catástrofe”. Pues resulta que este jueves México rebasó los cien mil decesos confirmados por este coronavirus, a ocho meses del primer fallecimiento certificado el 18 de marzo. *** La Secretaría de Salud indicó que desde el inicio de la pandemia han muerto por la enfermedad cien mil 104 personas, con 576 decesos corroborados por laboratorio en las últimas 24 horas. Los contagios aumentaron en 4 mil 472 para un acumulado de un millón 19 mil 543. *** “Hoy en México llegamos a las cien mil personas que han perdido la vida. Es una cantidad inusual, no se tenía ningún antecedente previo de una enfermedad infecciosa aguda, que pudiera afectar la vida de tantas personas”, tuvo que admitir el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. *** “No sabemos, desde luego, cuál terminará siendo la cifra (de muertes por Covid-19), ya que la epidemia sigue y hay otras afectaciones, como el tabaquismo, que contribuyen a la mortalidad”, concluyó. 

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