La familia y los “Derechos” Sexuales y Reproductivos de los niños

La familia y los «Derechos» Sexuales y Reproductivos de los niños

Pbro. José Manuel Suazo Reyes

LA LEY DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA), fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de diciembre de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 del mismo mes. Esa ley está vigente desde el 5 de diciembre de 2014. La ley incluye los derechos de los niños a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; incluye además la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación infantil , abuso, abandono o crueldad, entre otros derechos.

Hecha la promulgación federal, toca a los estados de la República hacer la armonización respectiva y votarla para que se pueda aplicar a nivel local. Los Congresos estatales tienen un límite aproximado de 6 meses para llevar a cabo este trabajo legislativo. Por lo tanto suponemos que muy pronto los diputados del Estado de Veracruz votarán esa ley.

Conviene recordar que cuando se propuso y discutió como iniciativa de ley, se incluían los así llamados DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Se trataba ciertamente de una intromisión sospechosa y tendenciosa que respondía más bien a agendas e intereses internacionales que pretenden someter con una ideología las culturas de los países. De una forma un tanto perversa se hablaba de los «Derechos» Sexuales y Reproductivos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Es bueno recordar a nuestros diputados que esos supuestos «derechos» no se encuentran en la Constitución ni en los tratados internacionales que vinculan al Estado Mexicano, y que al carecer de una definición sobre su contenido y alcance, podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias. Tampoco se daba una clara diferenciación sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. Resultaba muy delicado que se hiciera a un lado la orientación que los padres o tutores deben brindar en vista al interés superior del menor. Si la legislación civil prevé que un menor no puede realizar actos jurídicos por sí solo, era altamente riesgoso que en ese proyecto de Ley se pretendiera que niños, niñas y adolescentes pudieran tomar decisiones sin la orientación de sus padres o tutores, en algo tan delicado como es la sexualidad, con implicaciones físicas, psicológicas, espirituales, económicas y sociales en el presente y en el futuro. (cfr. El comentario del Consejo de Presidencia de la CEM del 14 de octubre de 2014). Con una iniciativa así, el Estado estaba atentando contra la patria potestad que tienen los padres con sus hijos.

¿Pero, en qué consistirían esos famosos «derechos» sexuales y reproductivos? consistirían más o menos en lo siguiente: que niños, niñas y adolescentes adquirirían «el derecho» a decidir de manera libre el número y espaciamiento de hijos que desearan; «derecho» a recibir información y tener acceso a los métodos anticonceptivos de manera gratuita y suficiente; también el «derecho» a contar con servicios médicos y jurídicos que les permitieran construir la identidad sexo-genérica que desearan. Algunos ejemplos podrían ser: si un niño deseara cambiar de sexo, lo podría hacer aun sin el consentimiento de sus padres. Si una niña adolescente resultara embarazada y quisiera abortar, no necesitaría el consejo de sus papás. Si se requiriera aplicar un control natal como lo dictan las agendas internacionales, se podría aplicar todo tipo de métodos anticonceptivos a los niños, sin considerar la autoridad de los padres. Ahora bien, ¿un niño tendría la madurez necesaria para procesar la información y tomar la decisión adecuada, que tendrá consecuencias para el resto de su vida? Contaría el Estado con recursos suficientes para atender estas demandas? ¿Dónde quedaría la patria potestad de los Padres?

¿Y dónde está el problema en todo esto? Lo riesgoso de todo esto, es que esa propuesta absurda que no prosperó a nivel federal, pudiera nuevamente tratar de introducirse a nivel Estatal a la hora de la armonización de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en los Estados. Durango y Querétaro ya han armonizado su legislación y los «derechos» Sexuales y Reproductivos quedaron fuera, legislaron a favor de la familia, de los niños y adolescentes.

Por lo tanto, esperamos que nuestros legisladores en el Estado de Veracruz, protejan a la familia, cuenten con la información suficiente y la sabiduría adecuada para no dejarse seducir por este tipo de propuestas que sólo pervierten y dañan la institución familiar y que sirven a intereses ideológicos extraños. Nos auguramos que nuestros legisladores tomen en cuenta estas consideraciones para ofrecer una Ley que reconozca, promueva y defienda adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes de Veracruz y sus auténticos derechos (12/04/2015).

(El Pbro. José Manuel Suazo Reyes es el Director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa.)

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