La Ley de Remuneraciones y los ministros de la Corte deben obedecer el mandato constitucional. Punto

Arturo Francisco Gutiérrez Góngora

Arturo Francisco Gutierrez Góngora*

Mucho se ha discutido sobre el enfrentamiento que existe entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y Legislativo federal para que se reduzcan los sueldos de los magistrados que pueden alcanzar a ganar hasta medio millón de pesos al mes, leyó usted bien,  medio millón de pesos al mes.

Hay que dejar claro que lo que se encuentra en disputa entre estos poderes no es si uno de ellos se convierte en el contrapeso del otro, o si el Ejecutivo somete al Poder Judicial, lo que está en juego es muy simple y sencillo: cumplir con un mandato constitucional, a lo cual se comprometió quien acaba de protestar como Presidente de la Republica y señalado expresamente en la fracción segunda del artículo 127 de nuestra carta magna que a la letra señala:

Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior (la fracción anterior define lo que se considera remuneración)**, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

**Lo que se encuentra entre paréntesis es un agregado mío para hacer más entendible el texto.

El artículo 108 de la misma constitución señala que los ministros son servidores públicos. El problema surge cuando se le pretende bajar el sueldo a algún empleado o trabajador. La solución a esto último es sencilla: o acepta el empleado o se le liquida, lo que más convenga a ambas partes.

Entonces, la solución es relativamente sencilla. En el Decreto de Presupuesto de Egresos los diputados aprueban el presupuesto para el Poder Judicial autónomo por capítulos y en el que corresponda al salarial se establece específicamente la remuneración a cada uno de los jueces que constituyen ese poder cumpliendo estrictamente con,la Constitución.

Una alternativa es aprobar el monto del capítulo salarial correspondiente y que sea el poder autónomo el que decida el salario de sus integrantes, eso permitirá que sean ellos los que se fijen el nivel salarial obligándolos a no justificar su baja productividad culpando a su “injusta” remuneración.

Hablando de su baja productividad, ¿ha tenido usted que resolver algún asunto en tribunales?, ¿desde asuntos administrativos hasta penales?

La justicia es expedita de forma selectiva. Ahí les va una breve historia: En una institución de salud federal los derechohabientes solicitan a la institución que le revise al alza el monto de la jubilación por que no fueron considerados todos los conceptos en el cálculo inicial. La autoridad se niega a hacerlo por lo que el derechohabiente recurre a un juicio sabiendo de antemano que lo ganará; el jurídico de la Institución tiene tanto trabajo que se le vencen los plazos establecidos por el juzgador.

 Ahí viene lo bueno: el juez procede a multar a la persona que incumple, en este caso el titular de la dependencia o el que tiene la delegación de resolver. La sala que impone las dos multas busca en el portal de transparencia el nombre del servidor público que incumple, solo que consulta el histórico de dicho portal y multa a quien lleva más de un año y medio fuera de la institución. El tribunal federal de justicia administrativa comete la primera pifia.

Acto seguido, el ex servidor público recurre al amparo explicándole y entregando la documentación correspondiente al juez que deberá resolver lo procedente, lo dicho antes, que dejó de prestar servicios al gobierno federal mucho antes que se generara la multa. Adivine que pasó. Una se resuelve a su favor y la otra sigue durmiendo el sueño de los justos. Puede darse que dos casos con los mismos motivos y con la misma información se resuelvan diferente. ¿La justicia expedita? Para muestra ese sencillo botón.

Es mejor quedarse con lo que escribió Mauricio Merino ayer en su columna del diario El Universal titulada “La Tremenda Corte”, la Cuarta Transformación hay que construirla no dinamitarla.

*El autor es Director del Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz e imparte la materia de Finanzas Publicas e la Facultad de Economía de la UV.

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