En México, casi un millón de mujeres son ejidatarias

La cifra va en ascenso debido a la migración y envejecimiento o muerte de titulares de los derechos agrarios

José Luis Couttolenc Soto

Xalapa, Ver., 10 de noviembre de 2019.- Luis Hernández Palacios Mirón, procurador agrario del gobierno federal, ofreció la conferencia “Agrarismo del siglo XXI”, el viernes 8 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), y destacó la feminización del campo, dio a conocer que actualmente en México casi un millón de mujeres son ejidatarias o comuneras, fenómeno que es producto de la migración y el envejecimiento o muerte de quienes son titulares de los derechos agrarios.

Invitado por la coordinación de la Cátedra de Excelencia “Aureliano Hernández Palacios”, el funcionario federal, quien es egresado de la Facultad de Derecho UV, ofreció su charla en el Auditorio “Guillermo I. Ortiz Mayagoitia” de esa entidad universitaria y señaló que el tema agrario constituye uno de los ejes centrales de la vida del país; sin embargo, “ha quedado relegado y desaparecido en los años recientes del neoliberalismo, en donde prácticamente quedó arrinconado asimilando la connotación como rezago social, y como una pérdida histórica que había que sepultar definitivamente”.

Definió que la primera ley agraria, “que en realidad es un decreto de Venustiano Carranza expedido en Veracruz”, establece las acciones del Estado mexicano para restituir o dotar de tierra a los pueblos, comunidades o campesinos sin tierra, cuya vigencia culminó en 1992 con la conclusión del reparto agrario, “acto histórico que significó que más de la mitad del país pasara a estar constituido por ejidos y comunidades”.

El devenir del proceso agrario lo dividió en tres grandes momentos: el primero de 1915 a 1970, en donde el eje fundamental de la política del Estado mexicano fue el reconocimiento de tierras o el reparto;  el segundo de 1970 a 1980, cuando se produjo una gran transformación con la expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria, en la que no solamente se atienden los procesos de otorgamiento de la tierra, sino que regula también la organización interna de los núcleos, su acceso a las condiciones de desarrollo y abre las posibilidades de potenciación para el mejor aprovechamiento de sus recursos; el tercero de 1980 a 1992, se inauguró con la reforma constitucional que establece como obligación del Estado, en el Artículo 27, el desarrollo sustentable del país con base en los núcleos agrarios.

El procurador agrario mencionó que en esa reforma a la Constitución existieron dos visiones al interior del gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, una de las cuales pretendía la desaparición de lo agrario a través de la privatización, puesto que consideraban que la propiedad agraria “en manos muertas no producía lo suficiente”; la otra visión planteaba la necesidad del reforzamiento de la política agraria para consolidarla como una organización productiva de los núcleos, condición que había permitido el desarrollo en la primera mitad del siglo XX.

Fue en ese mismo año, 1992, cuando se creó la Procuraduría Agraria como una institución al servicio social de los campesinos de México, con las funciones de brindarles asesoría y capacitación para ejercer sus derechos, orientarlos en la formulación de solicitudes para el desarrollo, buscarles solución a sus conflictos sociales a través de la conciliación, y proporcionarles bases para organizarse socialmente y ordenar su territorio.

Por otra parte, Hernández Palacios Mirón reconoció que a finales de 2018 México registraba una crisis en el campo debido a una inadecuada ocupación y explotación de los recursos del territorio nacional, excesos de extractivismo (explotación de hidrocarburos y minería), agricultura extensiva (uso de fertilizantes y pesticidas), ganadería extensiva (deforestación de bosques) y un desarrollo urbano desordenado.

Sin embargo, aceptó que “lo agrario no tiene que estar confrontado con una visión de desarrollo integral del país, pero tiene que armonizarse para permitir nuevas opciones de desarrollo”.

El ponente consideró que “todo esto, en el marco de un abandono generalizado del medio rural, genera pobreza, migración, una creciente feminización del campo, un envejecimiento de los titulares de derecho, pérdida de la capacidad productiva, fragmentación del territorio, pues en promedio la parcela de los ejidos es de menos de cinco hectáreas, lo que impide que puedan desarrollarse proyectos productivos”.

En la conferencia fungió como moderadora la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Petra Armenta Ramírez, y estuvieron presentes Fernando Santiago Vázquez y Bertha Alicia Ramírez Arce, coordinador y secretaria Técnica de la Cátedra de Excelencia “Aureliano Hernández Palacios”, respectivamente; la investigadora Esther Hernández Palacios; así como docentes y alumnos de la cátedra, invitados especiales y egresados de la Facultad de Derecho.

Enlaces de interés