El programa económico para los próximos dos años, ¿austero?

Arturo Francisco Gutiérrez Góngora

Arturo Francisco Gutiérrez Góngora

Discutir si nuestro Estado debe abandonar el pacto fiscal en el cual concurren la federación y las 32 entidades federativas no es un asunto menor y sin duda todos los expertos en la materia deben abonar para que la decisión que se tome sea la política y económicamente correcta.
Sin embargo, al mismo tiempo de discutir el tema y en momentos de cambio como hoy vive nuestra entidad, debe evaluarse el programa económico que debe estar en marcha a partir del primero de diciembre.
Ya se mostró que la crisis de finanzas públicas que vive nuestro Estado es real y que no basta un simple cambio de nombre para resolverlo. Por ello, al nuevo gobierno le tocará implementar un esquema que a ningún gobierno le gusta hacer pero que uno responsable debe instrumentar sin esperar a recibir ayuda. “Ayúdate que yo te ayudare”, dice el refrán bíblico. Eso es lo que se tendrá que hacer, y lo adicional que puedan aportar terceros, en este caso la Federación, podrán facilitar las cosas.
Los instrumentos con que cuenta una entidad federativa son: los impuestos locales (el resto de los recursos, aproximadamente el 94 por ciento, viene de las participaciones y aportaciones que arroja como resultado el pacto fiscal); el gasto público y la deuda. El nuevo gobierno deberá hacer uso eficiente de cada uno de esos instrumentos.
En materia de impuestos locales se debe reestablecer el impuesto al hospedaje y el impuesto a la tenencia para fortalecer las potestades tributarias con las que contamos. Acto seguido debe profundizarse en las actividades de fiscalización que por convenio debemos hacer, se debe establecer una estrategia para que, sin llegar al terrorismo fiscal, se incremente la recaudación por este concepto, recordando que los que buscan no pagar deciden no hacerlo en función de la probabilidad de ser detenido y/o a la pena que debe pagarse si es descubierto.
Deben establecerse metas a los que realizan las auditorias para reducir la probabilidad de “arreglo” entre el contribuyente y el auditado; aquí puede recurrirse al SAT y obtener dicha información que al menos llevará estos parámetros de posibles arreglos a la media nacional.

En materia de gasto público se debe hacer un programa profundo de reingeniería administrativa que debe incluir a los organismos autónomos y a los tres poderes, que implique ahorros, pero no sólo en la nómina, que ya de por si es doloroso, sino también en los beneficios y prestaciones a funcionarios de niveles medios y superiores. Debe empezar a funcionar el empoderamiento de las representaciones regionales y dárseles capacidad de decisión, lo cual generará importantes ahorros al gobierno; deben revisarse los salarios de todos los niveles y organismos y ajustarlos a su productividad. Ejemplo: en la Universidad deben revisarse los sueldos de funcionarios y asimilarlos al promedio nacional y a los maestros y a los investigadores ajustarlos por calidad. Nada de esto funcionará sin el apoyo de los sindicatos.
En materia de deuda, lo más que se podrá hacer es a renegociar plazos; aunque el costo se elevará permitirá respirar en materia de pagos de intereses y obtener, con ayuda de la Federación, los montos necesarios para transitar el mes de diciembre. En materia de pensiones no hay de otra sopa: deben incrementarse las cuotas a los activos y establecer un tope al monto de las pensiones otorgadas, es la manera en que el IPE respirará un poco.
Así, podrían nombrarse muchas medidas más que faciliten la transición de estos dos años, pero es tarea muy difícil de echarse a cuestas. Nada será viable si no se llama a un gran acuerdo estatal donde participen todos los actores involucrados, Gobierno, sector privado, sindicatos y la sociedad civil, (“Unidos para Rescatar Veracruz”) sin eso no hay plan que funcione.
Luego hablamos de abandonar el pacto fiscal. Al tiempo, dice el clásico.

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