Reforma electoral muy cuestionada

Jose Manuel Suazo Reyes

Pbro. José Manuel Suazo Reyes

La participación ciudadana es tarea de todos. Es una responsabilidad y obligación moral estar atentos de lo que sucede en la vida pública. Hoy la gobernanza se construye entre las autoridades y los ciudadanos, de ahí que la participación con opiniones, comentarios, sugerencias y análisis críticos y hasta reclamos de los ciudadanos por las decisiones de las autoridades de gobierno sea una cosa necesaria para construir nuestra sociedad. 

Ninguna autoridad debería extrañarse ni escandalizarse de que hoy los ciudadanos estemos más atentos de su proceder. Las autoridades, en sus diferentes niveles de gobierno, son simples administradores a quienes se les ha confiado una gran responsabilidad con el objeto de buscar siempre la justicia, la transparencia y el bien común. Los asuntos públicos no son propiedad sólo de los políticos, los ciudadanos también debemos participar. 

El pasado 12 de mayo de 2020, con los votos mínimos necesarios, apenas 34, se aprobó la llamada Reforma electoral en Veracruz. La reforma aprobada, entre otras cosas, reducirá al 50% el financiamiento de los partidos políticos para elecciones locales; las alcaldías de ahora en adelante, serán de tres años permitiendo a los ediles la reelección hasta por un periodo; en cuanto a participación ciudadana se niega la consulta popular para la Revocación de Mandato de algún representante popular elegido democráticamente, se amplían las competencias de los consejos distritales y se eliminan los consejos municipales. 

Resulta muy sospechoso, extraño y lamentable que en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que mantiene a la población confinada y preocupada por su salud, su economía y su sobrevivencia, la Junta de Coordinación Política haya agendado y llevado a la votación una reforma electoral. Da la impresión de que no les interesa el sufrimiento de la gente ni sus preocupaciones, sólo las ambiciones de su partido. Se está cumpliendo aquella frase de que “la pandemia les cayó como anillo al dedo”. 

No se observa ningún interés por autorizar algún presupuesto extraordinario para apoyar a los ciudadanos, sobre todo aquellos más vulnerables, o para fortalecer los servicios de salud brindando equipos médicos para quienes están atendiendo a los enfermos, o algún decreto para generar algún subsidio o suspensión en el pago de algún servicio. Esta reforma no está en el corazón ni en la mente de la gente, sólo en aquellos que la impulsaron. 

Además de estas breves observaciones, la reforma electoral aprobada tiene muchos cuestionamientos. La justificación de la reforma no contiene argumentos jurídicos de derecho electoral o un análisis desde la sociología electoral, sólo se invocan criterios administrativos. 

En nombre de un supuesto ahorro que no tenemos la certeza a dónde irá a parar o si verdaderamente se invertirán pues en el Estado ha habido falta de transparencia y subejercicios, se lastima la incipiente democracia de Veracruz. Es grave que se reduzca la participación de los ciudadanos en la vigilancia y el cuidado de los procesos electorales. Al desaparecer los 212 consejos municipales, toda la organización de Diputados, Ayuntamientos y Gobernador, cuando sea el caso, se concentrará en 30 distritos. ¿Lo harán con la misma gente o tendrán que contratar más colaboradores? El movimiento de paquetes electorales de los municipios a las sedes distritales seguramente se complicará y crecerán las sospechas de fraudes electorales y se pondrá en riesgo la paz social abonando a la violencia y a la incertidumbre de los resultados. 

Es muy lamentable que se haya eliminado la figura de la Revocación de Mandato. Con esto se le ha robado al pueblo la posibilidad de mandar a su casa a algún representante popular que sea incompetente y no dé resultados. En tiempos de campaña se pregonaba a los cuatro vientos aquella expresión que ilusionaba a los ciudadanos “el pueblo pone y el pueblo quita”, ahora todo resultó una mentira. Y esta reforma lo confirma. Una honorable decisión y buena salida a este enroque jurídico sería que esta reforma fuera vetada. 

(El Pbro. José Manuel Suazo Reyes es el Director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa)

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