El “mea culpa” ante la CNDH 

Filiberto Vargas Rodriguez

Punto de Vista 

 

Filiberto Vargas Rodríguez 

 

Prefacio. 

No hay delito que perseguir. *** Esa fue la conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la investigación que inició por posibles actos de corrupción en el acuerdo con el cual el Javier Duarte logró que la entonces PGR (en el gobierno de Enrique Peña Nieto) le cambiara el cargo de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, lo que dio como consecuencia que se le impusiera una pena menor. *** La FGR concluyó que no existieron hechos delictivos que perseguir ni castigar, a pesar de que exfuncionarios de la PGR que reconocieron errores en la indagatoria, y el propio Duarte señaló que hubo extorsiones y sobornos detrás de este procedimiento. *** El acuerdo, suscrito mediante un procedimiento abreviado resultó favorable a Javier Duarte, pues aunque tuvo que declararse culpable y renunciar a un juicio, la pena se redujo desde los 40 años de prisión a solamente nueve años, con la posibilidad de solicitar, al cumplir la mitad de dicha pena, el beneficio de la libertad condicional. *** El entonces subprocurador de la PGR, Felipe Muñoz, explicó que se optó por ese arregló ante el riesgo de que el caso se cayera por haber obtenido información bancaria sin las órdenes judiciales correspondientes. *** Mientras tanto, en Londres, Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, quien enfrenta un proceso de extradición por un presunto fraude, acudirá el próximo 17 de febrero a una audiencia en la que se definirá si es entregada o no a México. *** Esta semana concluyó la fase de alegatos del procedimiento y la defensa de Karime Macías pidió al tribunal británico que se rechace dicha petición, bajo el argumento de que se trata de un proceso sin fundamento y una acusación política. *** Karime Macías tiene en su contra una orden de aprehensión girada por un juez de Veracruz por el delito de fraude genérico, desde mayo de 2018. De acuerdo con la Fiscalía ella habría instruido el presunto desvío de más de 116 millones de pesos desde el DIF estatal, mediante contratos con compañías fachada. *** La defensa argumenta que la denuncia fue un montaje y que el único testigo de la Fiscalía ya declaró que su acusación fue obtenida mediante tortura. 

 

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No es algo usual en nuestras autoridades, y en esta ocasión hay que reconocerlo: admitir que pudieron haber incurrido en errores durante la detención y consignación de seis jóvenes xalapeños, el 3 de septiembre del año pasado. 

En esta decisión tuvo mucho que ver –me dicen- la opinión técnica, mesurada, de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández, quien informó al gobernador que no sólo aprobaba los términos de la Recomendación 146/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sino que, incluso, para cuando llegó ese documento ella ya había iniciado las investigaciones pertinentes, las mismas que planteó el ombudsman. 

Una vez que el gobernador responda a la CNDH que admite la recomendación referida, deberá demostrar que acató cada uno de los puntos plasmados en el documento: 

En coordinación con la Fiscalía y con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, reparar el daño causado a los jóvenes “a través de una compensación justa y suficiente”. 

Brindar atención médica y psicológica a los jóvenes, con personal profesional especializado, atendiendo a sus edades y necesidades específicas, y proveerles de los medicamentos convenientes a su situación, de forma gratuita, inmediata y accesible. 

Colaborar “ampliamente” con la autoridad investigadora, en la presentación y seguimiento de la queja que la CNDH presentará en la Contraloría General del Estado de Veracruz, en contra de los responsables de la vulneración de los derechos de los jóvenes.  

Misma condición para la denuncia de hechos que la CNDH presentará en la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Diseñar e impartir, en un plazo de tres meses, un curso sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, dirigido a los involucrados en esos hechos. 

Y, además, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz “a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos”. 

Este asunto lo denunció públicamente el senador de Morena Ricardo Monreal, quien afirmó que se habían violado los derechos de los jóvenes. El gobernador respondió que el senador, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “defendía a delincuentes”. 

La Fiscalía acusó los jóvenes de ultrajes a la autoridad y un juez de control les dictó la vinculación a proceso y prisión preventiva.  

La defensa, orientada por el senador Monreal, tomó dos rutas: denunció los hechos a la CNDH y recurrió al amparo. 

Un juez de distrito ordenó la liberación de los jóvenes y la CNDH determinó que, en efecto, les habían sido violados sus derechos, que la policía había mentido al relatar su captura, y que la Fiscalía le había dado crédito a una historia fantástica, sin sustento. 

¿Quién gana o quién pierde? 

Gana la justicia y, si el gobernador y la titular de la Fiscalía cumplen con la recomendación, gana la credibilidad de nuestras autoridades. 

 

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Epílogo. 

Tabasco no está muy lejos de Veracruz. De hecho son vecinos en el extremo sur de esta entidad. Sin embargo, de nada le sirvió esa cercanía al actual secretario de Gobernación, el tabasqueño Adán Augusto López para conocer algo del comportamiento de los titulares de los tres Poderes de Veracruz. *** Cuestionado en Palacio Nacional sobre el proceso que se le sigue en esta entidad a José Manuel del Río Virgen, el titular de Gobernación, quien sustituye al presidente en las “mañaneras”, respondió: “He tenido contacto específicamente con el senador Monreal. La última ocasión que platicamos fue en los últimos días de diciembre, si no mal recuerdo, el 23 de diciembre de este año, intercambiamos puntos de vista y le reiteramos que somos respetuosos de los procesos que se llevan en las instancias judiciales de los estados”. *** Nadie le explicó al funcionario federal que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero, reconoció públicamente que recibía órdenes del gobernador Cuitláhuac García. ¿Cuál autonomía? *** Pasan los días y no ven resultados. Los miembros de la Cámara de Comercio de Xalapa condenaron el ataque a la residencia de la familia Rechy Beristáin, ocurrida en el Residencial Campestre “El Porvenir” y les dirigieron un llamado al gobernador Cuitláhuac García; al secretario de Gobierno, Eric Cisneros; al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, y a la fiscal Verónica Hernández, a garantizar el esclarecimiento de los hechos. *** Este miércoles el gobernador declaró que ya fueron identificados los presuntos responsables de la agresión al empresario y la muerte de su esposa. *** La Secretaría de Salud reportó este miércoles un nuevo récord de contagios diario de Covid-19, al registrar 44 mil 187 nuevos casos confirmados. El acumulado de infecciones del nuevo coronavirus desde que inició la pandemia en México ascendió a 4 millones 214 mil 253 casos. *** En tanto, la cifra de muertes a causa de esta enfermedad ascendió a 300 mil 764 defunciones, luego de que se notificaron 190 nuevos decesos. *** En cuanto a la capacidad hospitalaria, la ocupación de camas generales se ubica en 24%, un punto porcentual más que lo reportado ayer, mientras que las camas con ventilador tienen una ocupación de 15 por ciento. *** El martes 11 de enero, la Secretaría de Salud aplicó 440 mil 149 vacunas contra el coronavirus, por lo que el total de dosis suministradas en el país ascendió a 152 millones 755 mil 675 dosis. *** De las 82 millones 548 mil 376 personas vacunadas contra la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 en México, 74 millones 500 mil 567 cuentan con esquema completo. 

 

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