Los “ultrajes” de la autoridad 

Filiberto Vargas Rodriguez

Punto de Vista 

 

* Los “ultrajes” de la autoridad 

 

Filiberto Vargas Rodríguez 

 

Prefacio. 

Cada vez que la responsable administrativa del Poder Judicial, la maestra Joana Marlén Bautista Flores, contrata un espacio en medios para que hablen de su “maravilloso trabajo”, la realidad se encarga de ubicarla en el lugar que la corresponde. *** La magistrada Concepción Flores Saviaga confirmó que existe una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por la ilegalidad de los contratos que se otorgaron a empresas privadas mediante la figura de las Asociaciones Público-Privadas y que le generaron al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz una deuda millonaria por los próximos 25 años.  *** Aunque estos contratos no fueron signados durante la gestión de Bautista López, lo cierto es que será ella la que tenga que “ajustar los gastos” para saldar los compromisos que tienen con las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales. *** Ya en el 2021 Joana Marlén Bautista demostró sus limitadas capacidades para defender el presupuesto del Poder Judicial, al grado de que la magistrada presidente se vio obligada a pedir el auxilio del gobernador para poder cubrir los compromisos financieros de la segunda mitad del año. *** La magistrada Flores Saviaga les dio una pista sobre lo que tendrían que hacer para enderezar el rumbo del Poder Judicial en materia financiera. *** Dijo que los contratos se pueden revertir, aunque para ello es necesario actuar por la vía legal y no limitarse a pedir la intervención del Congreso para revisar las condiciones en las que se dieron. *** “Aquí ya es el conflicto que se da entre los inversionistas con el Poder Judicial, ya que se afectan las participaciones por 25 años (…) El pleno tiene que hacer una demanda para pedir la nulidad de los contratos, es una demanda administrativa, yo ya lo tengo analizado con varios magistrados, pero no toman las acciones”. *** En la actualidad, mes con mes el Poder Judicial del Estado debe pagarles a las empresas contratadas la friolera de 18 millones de pesos, que se toman del presupuesto, por lo que afectan al pago de nómina y las prestaciones de los trabajadores.  

 

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El llamado sorprendió a propios y extraños. No porque fuera una falsedad, sino porque –además de ser verdad- salió de uno de los más altos representantes de Morena, nada menos que del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, quien ha admitido abiertamente que buscará ser el sucesor de López Obrador en el 2024. 

El senador Monreal hizo un llamado al Poder Judicial de Veracruz para que detenga la violación de los derechos de personas inocentes con el “innovador delito” de ultrajes a la autoridad, pues aseguró que se arruina la vida de ciudadanos que son abusados por el poder público. 

“Hacemos un llamado atento al Poder Judicial de Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga en este asunto. Ojalá haya sensibilidad para que no se siga arruinando la vida de jóvenes o ciudadanos inocentes que son abusados por el poder público y que son gravemente lesionados en sus derechos humanos”, dijo Ricardo Monreal en un video difundido en redes sociales. 

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, señaló: “no podemos aceptar que se sigan fabricando a través de este delito, de corte penal, privando de su libertad a ciudadanas y ciudadanos (…) a últimas fechas resulta extraño que un nuevo delito esté de moda (en Veracruz). Precisamente un delito que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad”. 

El legislador denunció que seis jóvenes fueron privados de su libertad por este delito en la entidad. 

“Está demostrado que estos jóvenes estaban en una plaza comercial, los detuvieron, no opusieron resistencia y a los minutos o a la hora fueron acusados de que habían agredido con cuchillo a unos oficiales, a unos policías, lo que resulta totalmente falso”. 

No es, por supuesto, el primer señalamiento contra las autoridades de Veracruz por utilizar este recurso ilegal para someter y meter a la cárcel a personajes que, por diversas circunstancias, les interesa mantener callados. 

Fue el caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán; del diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, lo mismo que de los abogados que lo defendían, Víctor Loyo y Ramón Benítez, por mencionar sólo algunos. 

Desde hace más de un lustro, a principios de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México. 

En las discusiones en el máximo tribunal del país, la mayoría de los integrantes de la Corte se pronunciaron por la inconstitucionalidad de este tipo penal pues su definición amplia e imprecisa hacía imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivas. 

El uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población. 

En Veracruz el primero –y de los pocos- en levantar la voz para censurar el uso –y abuso- del delito de ultrajes a la autoridad, fue el jurista Tomás Mundo Arriasa. 

Ahora, a raíz de que se hizo pública la postura del senador de Morena, retomó el tema y fue más allá: 

“Debemos sumarnos a este llamado y presentar las denuncias respectivas en contra de los titulares de los órganos de justicia de Veracruz: Fiscalía y Poder Judicial; de los peritos, y exigir se cumpla la legalidad; todos debemos ser corresponsables”, escribió en sus redes sociales. 

También afirmó: “En Veracruz, el delito de ultrajes a la autoridad, ideal para encarcelar inocentes. Usan la trilogía policías-fiscales-jueces. Misma historia: siembra de pruebas. Dos vías estratégicas: a.-Denunciarlos b).-Pruebas Científicas para desacreditarlos. ¿Como? Con profesionales”. 

Una nueva Legislatura entró en funciones en Veracruz apenas el pasado 5 de noviembre y de los 50 diputados, ninguno ha levantado la voz para plantear que se retiren esos artículos (331 y 331 bis) del Código Penal para el estado de Veracruz. 

¿Qué esperan? 

¿Por eso se empeñaron en desaparecer el grupo legislativo del PRD? ¿Para evitar que sus representantes subieran el tema a tribuna (pues uno de sus representantes fue víctima de esta aberración jurídica)? ¿Eran, acaso, los únicos que lo podrían hacer?   

El senador Ricardo Monreal fue muy claro: “Las democracias modernas no pueden permitir que se violen derechos humanos de manera sistemática ni aislada de los ciudadanos y las ciudadanas (…) lamentablemente está ocurriendo en algunos lugares del país”, en evidente referencia al estado de Veracruz. 

 

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Epílogo. 

A todos los que en algún momento de nuestra vida trabajamos a su lado y convivimos con él, nos llena de orgullo enterarnos de los numerosos logros profesionales del periodista y amigo Raúl Peimbert Díaz, quien este fin de semana se hizo merecedor de otros tres premios Emmy en Estados Unidos. *** Raúl Peimbert, orgullo de Veracruz, es presentador de noticias en Univisión Houston, en Estados Unidos. ¡Enhorabuena! *** Dignas de análisis algunas de las reflexiones que transmitió la Iglesia católica en su comunicado dominical: “Al mundo no le importa tanto la verdad sobre el ser humano o sobre la realidad sino lo que conviene a sus intereses. De ahí que muchos prefieran guiarse por el principio de lo políticamente correcto, aunque eso no sea la verdad sino la falsedad. Así observamos cómo hay personas que con tal de mantenerse en una posición social o ascender en algún puesto de poder, sean capaces de renunciar a sus principios y valores, y hacerse promotores de mentiras y falsedades”. *** Más aún: “Con cierta facilidad y cinismo se repiten y escriben muchas mentiras. Se falsea la realidad y se usa una estrategia publicitaria que difunde muchas cosas falsas, como si la realidad cambiara porque lo afirma tal o cual persona o porque se publica en las redes sociales o lo repiten algunos personajes”. *** El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal, el veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, recorre el país –pero en especial su tierra natal- para difundir las bondades de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador. *** En su reciente visita dijo que el diálogo e intercambio de ideas entre legisladores de todos los partidos y los dueños de compañías generadoras de energía eléctrica, debe ser la ruta para analizar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta. Dijo que se debe explicar lo suficiente a la población y agregó que “existen inquietudes en torno a que si la reforma vulnera el T-MEC; sin embargo, hay análisis técnicos que demuestran que no incumple con ese tratado. Lo que se pretende con la reforma es que la iniciativa privada participe y tenga ganancias, pero en parámetros justos; es lo que nosotros defenderemos en beneficio de las y los mexicanos”. *** La Secretaría de Salud reportó este domingo 99 nuevos decesos a causa de la Covid-19, por lo que la cifra oficial de muertes en el país a causa de esta enfermedad ascendió a 292 mil 471. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia en México, la dependencia detalló que el número acumulado de contagios del nuevo coronavirus aumentó a 3 millones 863 mil 362 tras confirmar mil 225 nuevos casos en las últimas 24 horas. *** El Gobierno federal reportó que el sábado 20 de noviembre se aplicaron 185 mil 842 vacunas contra el coronavirus, para registrar un total de 130 millones 975 mil 650 dosis suministradas en el país desde que inició el Plan Nacional de Vacunación contra esta enfermedad el 24 de diciembre de 2020. *** De las 75 millones 862 mil 107 personas inmunizadas, 64 millones 249 mil 748 cuentan ya con esquema completo de vacunación con una o dos dosis dependiendo el tipo de biológico aplicado. En tanto, 11 millones 612 mil 359 personas aún esperan la aplicación de la segunda dosis. 

 

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