¡No me quiero vacunar!

Pilar Ramirez

La política en tacones

Pilar Ramírez

El proceso de vacunación en nuestro país va al ritmo en que las empresas hacen entrega de las dosis de vacuna. El sentir general es que se diseñó un procedimiento eficiente, de atención ágil y que se trabajó enfáticamente en el trato amable hacia las personas que acuden a vacunarse.

Aunque casi 15 millones de vacunas aplicadas parezcan mucho, la verdad es que sólo cerca del nueve por ciento de la población ha recibido la vacuna y está completamente vacunada, es decir con las dos dosis, el 3.1 por ciento.

Esta semana comenzó la vacunación de maestros de todos los niveles en cinco entidades: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Aunque hubo intentos de descalificar esta acción señalando que resultaba intempestiva e improvisada, todo parece indicar que se planeó muy bien, ya que por lo que se comenta en los grupos de whatsapp y en las redes sociales, por lo menos en la ciudad de Xalapa, el proceso también está, al igual que con los adultos mayores, bien organizado, poco tiempo de espera y el mismo buen trato a los docentes que llegan a vacunarse. El trabajo logístico no es menor, pues la cobertura para docentes de todo el país será para más de dos millones de personas.

Cuando parecía que había consenso en que el desarrollo de una vacuna representaría la esperanza para acabar no sólo con el problema de salud pública que ahora mismo enfrentan muchos hospitales por los enfermos de Covid-19 sino para abordar las complejas situaciones económicas y sociales que trajo la pandemia, nos encontramos con que persisten posturas de escepticismo hacia la existencia del virus. Afirmaciones como “eso no existe” o “es un invento del gobierno para controlarnos” se siguen escuchando. Recientemente, en notas televisivas, en las que entrevistaban a paseantes o jóvenes que se movieron en grandes grupos a disfrutar su spring break o vacaciones de primavera, contestaban ese tipo de cosas cuando les cuestionaban si no sentían temor al contagio por este virus. No sólo eso, lo he escuchado directamente tanto de personas con falta absoluta de instrucción lo mismo que de personas con estudios universitarios. En algunos casos las razones son ideológicas y en otras el desconocimiento.

Ahora, el problema del incremento de contagios “porque eso no existe” se le endosa al sector salud, pues con toda razón se espera un repunte de casos, el cual ya comenzó en diez entidades, como consecuencia de las concentraciones que propiciaron las vacaciones de Semana Santa y la llegada de jóvenes extranjeros por el spring break. El avance en la vacunación no ha sido suficiente para frenar esta nueva ola de contagios.

Por otra parte, se ha manifestado reiteradamente que la vacunación es voluntaria, y sin dejar de reconocer que el derecho a decidir con libertad sobre la propia salud se debe respetar, no deja de haber un problema ético, sanitario y social que se genera con la existencia de quienes no desean vacunarse.

En el caso de los adultos mayores conozco de cerca casos de personas que se negaron terminantemente a ser vacunados. Hay quien insiste en no creer en el coronavirus como si se les ofreciera una nueva religión y quienes dicen “ya para qué”, considerando que su muerte está cercana y no tiene sentido prevenir la enfermedad, particularmente personas en edad avanzada con otros padecimientos.

Sin embargo, el tema de los docentes puede ser diferente. En educación básica —preescolar, primaria y secundaria— los alumnos se ubican en una edad en la que los padres toman la mayor parte de las decisiones sobre sus actividades. En cambio, en educación media superior y superior los alumnos, por sus rangos de edad, son más independientes y ellos determinan actividades, traslados, lugares que visitan y personas a las que frecuentan.

Ni hablar de los docentes, que ya son adultos. A ellos, como al resto de la población, se les ha dado la libertad de decidir si desean o no ser vacunados. En el sistema educativo veracruzano, aunque puede ser igual para el resto del país, cada escuela llenó, con la información que cada maestro asentó, un formato que registra si el docente desea o no ser vacunado, la fecha de registro y la sede en la que recibirán la vacuna. En la institución educativa donde trabajo al menos un o una docente señaló que no se vacunaría. No se sabe porque sólo aparece la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Bien, esos docentes ejercen su derecho a decidir que no quieren la vacuna. ¿Y sus colegas? ¿No tienen el derecho a saber quién no se vacunó, por lo menos para tomar medidas preventivas con esa persona? Hasta donde se sabe, tanto por parte de los sindicatos como de las autoridades, esos docentes no vacunados van a continuar frente a grupo cuando se reanuden las clases presenciales.

¿No están colocando a los alumnos y al resto de la comunidad escolar en riego de contagio? Las autoridades educativas no tienen control sobre las actividades de los docentes no vacunados fuera de las instituciones educativas. Se habla de la posibilidad de regresar en mayo a las clases presenciales y algunos sindicatos ya se han pronunciado por el regreso al inicio del siguiente ciclo escolar, en cualquiera de los casos, el país continuará con un porcentaje muy alto de población sin vacunar, pues se prevé que este proceso concluya el próximo año.

No debemos olvidar que la pandemia que tiene en vilo al mundo entero comenzó con un infectado. Será suficiente con que una persona contagiada entre en contacto con grupos grandes como los que se reúnen en una escuela, especialmente las públicas, para que el virus se propague. 

Ante este conjunto de factores es imprescindible que las autoridades educativas definan estrategias para transparentar la información, que si bien puede ser personal, se trata de un dato que afecta a otros, así como para establecer protocolos específicos en las escuelas donde haya docentes que rechazaron la vacuna. En síntesis, los docentes vacunados tienen derecho a saber quiénes no se vacunaron y conocer las medidas que se tomarán para el desarrollo laboral de esos maestros. No están en juego derechos laborales o de manejo de datos personales, está en juego la salud de las comunidades escolares y quizá de muchas otras más.

@pramirezmorales

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